Importante considerar la desconfianza de los familiares de las víctimas, dicen en la reunión con académicos
C. SOCIALES / DERECHOS HUMANOS
Conversatorio en torno al informe Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa.
Como parte del “Conversatorio en torno al informe Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, que se llevó a cabo en la Universidad Iberoamericana, Carlos Martín Beristaín, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), demandó considerar el capítulo del informe que se presentó en el caso de los 43 desaparecidos que se refiere al dolor y desconfianza de los familiares de las víctimas, aspecto que casi nadie toma en cuenta.
“La violación a los derechos humanos especialmente en casos como éste, se encuentra uno con el impacto del miedo y con el problema de la confianza. Son dos elementos claves que hay que volver a reconstruir para una investigación de esta naturaleza”, señaló en el encuentro que estuvo presidido por el doctor José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho de la Ibero. Insistió: “que el dolor de las víctimas nos duela” para poder acercarnos a una respuesta que lleve a acercarse a la verdad de lo que sucedió hace un año en Iguala, Guerrero.
Abundó que gran parte del trabajo que se ha realizado, además de otro tipo de investigaciones y el análisis que la propia Procuraduría General de la República (PGR) ha hecho, debe ir a la par de un acompañamiento a las víctimas con todo el respeto posible para contar con buena información porque, “la confianza es lo más difícil de tener con las víctimas de violaciones de derechos humanos, su sentir, su dolor, muchas veces despreciado, pisoteado, su dignidad como personas. Esto nos ha permitido contar con buena información”.
Remarcó que en ningún país se desarrollará políticamente y avanzar en materia de desapariciones, si no entiende lo que significa la experiencia de las víctimas; hay que tener capacidad de entender lo que le pasa a la gente y cuáles son los desafíos económicos, emocionales para llevar a cabo una política de atención y de entender a que se enfrenta.
Por su parte, la doctora Ángela María Buitrago, también integrante del GIEI, compartió que el trabajo que han realizado es confrontar uno a uno los elementos probatorios, desde cómo se ha realizado la investigación desde el principio, hasta tratar de averiguar si existen elementos que de alguna u otra forma quieren auto inculparse para bajar el tono de la agitación social. También remarcó que el delito de la desaparición forzada es uno de los más graves, porque la incertidumbre acaba con la víctima, la familia y el tejido social se descompone.
Otro integrante del GIEI, el doctor Francisco Cox, comunicó que le sorprende que en México el resultado de la inmediatez por tener resultados no ante un juez, sino aún antes de presumirse inocente, tenga tanto peso para cerrar una investigación. En otro tema, resaltó la colaboración de la procuradora Arely Gómez, de quien dijo, han tenido en todo momento su colaboración. Sobre la creación de una fiscalía especial, dijo que si podría tener una contribución importante.
Voces de la academia.
El doctor José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho de la Ibero, se pronunció porque las voces de la academia no se queden calladas ante un hecho como lo de Ayotzinapa y dijo que desde su punto de vista la academia debe tener una voz, una postura, un acompañamiento a la sociedad mexicana en un momento absolutamente complicado y un acompañamiento al grupo de expertos a esta tarea que se está haciendo a favor de las víctimas.
La maestra Sandra Serrano García, coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, resaltó que la violación a los derechos humanos en México está invisibilizada y que pareciera que hay violaciones coordinadas y que se debe repensar cómo se abordan las violaciones a los derechos humanos porque da la impresión de que alguien decide lo que se hace.
El profesor del ITAM, Luis A. Benavides, aportó la idea de que los abogados que están en las procuradurías de justicia a veces no llegan a entender los casos y que demuestra cómo es que la administración de la justicia en México, es deficiente. Aceptó que, “en la academia hemos sido un poco complacientes al dar poco seguimiento a muchos de los temas”.
Por su parte, Mónica González, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, acogió el informe del GIEI, ya que dijo le dieron voz a los familiares y cuerpo a los desaparecidos al documentar que se dedicaban a ser taxistas o gente del campo. También dijo que “hay un divorcio entre las autoridades y la sociedad y una falta de confianza absoluta en las instituciones”.
Finalmente, el doctor José Antonio Caballero, profesor investigador del CIDE, consideró que con un informe como el del Grupo GIEI es una oportunidad para identificar, en buena medida, las responsabilidades en las cadenas de mando para efectos del proceso penal, y eso tiene que ver con la posible creación de una fiscalía especial.
Sitio Fuente: Ibero